Sostenibilidad medioambiental, eficiencia económica y justicia distributivaequilibrio entre objetivos en el diseño de la política medioambiental

Resumen

Los daños medioambientales que se generan como consecuencia de las actividades económicas son un caso particular de los fallos derivados de la ausencia en los mercados de las instituciones adecuadas, o de la inoperancia de las existentes, para reflejar de forma completa los costes o, en su caso, los beneficios, que se derivan de dichos actos. Esta insuficiencia de carácter institucional supone que no se han habilitado los cauces adecuados para que los productores y consumidores conozcan y asuman los efectos de sus decisiones. La importancia de corregir estos fallos de mercado en particular a través de la intervención pública es evidente si, como señalan Baumol y Oates (1988), tenemos en cuenta que algunos de los casos más genuinos de externalidades de carácter medioambiental, como la contaminación del aire, tienen naturaleza de mal público puro (en el sentido de Samuelson). La política medioambiental se justifica por la ineficiente asignación de recursos para la protección del medio ambiente en su ausencia y supone, como cualquier otro tipo de actuación que exija financiación pública, la generación de otros efectos como, por ejemplo, los derivados del reparto de los costes asociados a su implementación. Los mecanismos que posibilitan incorporar consideraciones acerca de las externalidades en las decisiones de los agentes económicos son de naturaleza diversa, desde la información sobre los efectos perjudiciales de la producción de determinados bienes y las iniciativas educativas, que favorecen el surgimiento de normas sociales determinantes para que ciertos comportamientos que supongan un abuso de los recursos se consideren inapropiados, hasta leyes u otro tipo de intervenciones más específicas que regulen las actividades que potencialmente puedan ocasionar daños en nuestro entorno. La aplicación de programas concretos tiene como fin más inmediato la creación o el perfeccionamiento de estas herramientas para la consecución de mejoras en algún bien o recurso natural, en cuya selección y desarrollo posterior no debe únicamente determinarse cuál es la opción que mejores resultados podría alcanzar en términos medioambientales: la diversidad de objetivos, la existencia de intereses políticos, los requerimientos de carácter administrativo o las restricciones presupuestarias no hacen sino complicar, en ocasiones hasta la inviabilidad, la iniciativa pública para la corrección de estos problemas. La finalidad medioambiental, que es la que determina la naturaleza de la intervención, debe conjugarse con otros requerimientos de tipo político y económico para asegurar la aceptación de los programas y la factibilidad de su aplicación, lo que en ciertas ocasiones puede implicar tener que rechazar un determinado instrumento, aunque 16 sea el más eficiente en términos medioambientales, por los límites que se imponen desde las otras esferas. Este tipo de intercambio hace que sea muy infrecuente la aceptación sin reservas de una opción frente a otras porque se manifieste claramente superior; si a ello le añadimos los problemas de información y la incertidumbre sobre los resultados la elección del instrumento más adecuado no resulta ser una tarea sencilla.