El control de las Administraciones Públicas y la lucha contra la corrupciónespecial referencia al Tribunal de Cuentas y a la Intervención General de la Administración del Estado

  1. Fernández Ajenjo, José Antonio
Dirigida por:
  1. Ricardo Rivero Ortega Director

Universidad de defensa: Universidad de Salamanca

Fecha de defensa: 16 de abril de 2010

Tribunal:
  1. Jaime Rodríguez-Arana Muñoz Presidente/a
  2. Pedro Tomás Nevado-Batalla Moreno Secretario
  3. Pilar Jiménez Rius Vocal
  4. Nicolás Rodríguez García Vocal
  5. Pablo García Mexía Vocal
Departamento:
  1. DERECHO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y PROCESAL

Tipo: Tesis

Resumen

En los albores de este siglo XXI se está produciendo en las sociedades democráticas más avanzadas un nuevo paso en el desarrollo de los Estados de base constitucional que tratan de �una vez que parece consolidada la existencia de una suficiente participación democrática, con unas garantías sociales básicas y un aceptable marco jurídico-institucional� optimizar estos regímenes a través de ideas que buscan la mejora de la gestión pública y que se enmarcan dentro de las teorías del Buen Gobierno o las democracias de calidad. A este nuevo régimen de Buen Gobierno están contribuyendo decisivamente las propuestas de las instituciones internaciones (ONU, IFI�s y otras organizaciones políticas internacionales), aunque muchas de ellas se dirigen, casi en exclusividad, al gobierno de las sociedades democráticamente menos avanzadas bajo el parámetro de la llamada Gobernabilidad. Además, se está produciendo una importante aportación doctrinal a través de la evolución de las teorías de la Nueva Gestión Pública y los modelos gerencialistas públicos de raíz económico-empresarial hacia modelos de naturaleza cívico-social como la Gobernanza. Este trabajo pretende situarse en el actual contexto histórico de cambio o avance hacia una democracia de calidad aportando la perspectiva jurídica que, en opinión de quien suscribe, está quedando paulatinamente postergada de este último estadio evolutivo de la gestión pública, tanto por el �rechazo� a lo jurídico de las aportaciones económico-sociales como por los �prejuicios� de los juristas de lo público ante todo lo que excede de la seguridad del procedimiento administrativo clásico.