La investigación criminológica y su importancia para una adecuada política de seguridad ciudadana en Panamá

Resumen

La literatura actual deja en evidencia que hablar sobre el tema de la seguridad es complejo y no podemos referirnos a ella de manera aislada, situación que paulatinamente ha originado la necesidad de abordar el tema desde una óptica interdisciplinaria, es decir: alejada de planteamientos cuadrados o exclusivistas. La seguridad se ha convertido en nuestros días en un elemento crucial en la toma de decisiones concernientes al emplazamiento de nuevos ámbitos residenciales en determinadas ciudades, situación que se agudiza en la medida en que la conceptualización de la tranquilidad social gira en torno a la seguridad de las personas, la educación y la propiedad; constituyendo, indiscutiblemente, la seguridad un factor determinante en la formación del nuevo espacio urbano y en su carácter socialmente segregado. En América Latina, en 1995, según Latinobarómetro 2009, el 80% de los ciudadanos exteriorizaban un sentimiento de incremento de la actividad delictiva, percepción que en el 2001 aumentó un 15%; es decir, el 95% de los ciudadanos latinoamericanos consideraban que la delincuencia había aumentado. Ciertamente, el tema de la seguridad es un fenómeno social bastante complejo y, en muchas ocasiones, se ve envuelto en las faldas de un exhaustivo afán punitivo; situación que no debe sorprender ni es particularmente novedosa, pues, en muchos casos, éste es el reflejo de la impotencia de abordar adecuadamente el problema. El miedo a ser víctima del delito es un ejemplo claro de la complejidad referenciada, donde la literatura pone de manifiesto que las personas que se sienten más inseguras no son necesariamente las que se encuentran más próximas a la amenaza, sino que depende del debilitamiento del contexto social donde se desenvuelven y al grado de posicionamiento dentro de este entorno2. De este modo, a través del tiempo, la inseguridad ha fortalecido su proyección llegando a convertirse, para muchos expertos, en el espejo de la delincuencia, situación que puede ser atribuida básicamente a la existencia de una inadecuada gestión en materia de seguridad. Lo anterior evidencia un deterioro profundo de los estamentos del Estado llamados a brindar la tranquilidad y estabilidad que la sociedad reclama, debilitamiento de la oferta de seguridad que erosiona principalmente la imagen de los Cuerpos Nacionales de Policía, por ser éstos la principal oferta que promociona el Estado como herramienta para el control y disminución de la fluctuación delictual3. De igual forma, este deterioro ha promovido la aparición de un nuevo engranaje alterno a las instituciones tradicionales encargadas de garantizar la seguridad de los habitantes: la seguridad privada. En esta línea, en los últimos años se puede percibir cierta incapacidad del Estado para garantizar, de manera adecuada, la seguridad de sus ciudadanos. Falta de capacidad que se ha traducido en el deseo de querer delegar cierto porcentaje de responsabilidad garantista (en materia de seguridad) en el colectivo ciudadano. Lo anterior es palpable a través del vertiginoso incremento que ha presentado la industria de la seguridad privada y el nacimiento del interés estatal por lograr un mayor acercamiento policía-comunidad y justicia-comunidad. Según Curbet (2006), la oferta pública no está cumpliendo con las expectativas trazadas y, por el contrario, presenta un retroceso debido a dos principales factores: 1) las restricciones presupuestarias, que restringen la necesidad y oportunidad de contar con mayor capacitación y mejor equipo; y 2) la transferencia de diferentes actividades, que se ha considerado que deben ser funciones de los cuerpos policiales. Ciertamente, añade Curbet, la policía para este inicio de milenio ha presentado distintas limitaciones que reducen sustancialmente la probabilidad de adaptarse a las demandas actuales de 3 seguridad, entre las cuales cita: 1) las dificultades para conocer el volumen real de los delitos4; 2) el método propio del trabajo policial5; y 3) la ausencia de estructuras organizativas (grupos interdisciplinarios) que analicen empíricamente la actividad criminal. Lo cierto es que el Estado debe procurar orientar sus esfuerzos y conocimientos hacia la obtención de una seguridad sostenible, entendida ésta como el desarrollo de verdaderas políticas que, por un lado, se enfoquen en el plano local, atendiendo las necesidades y aplicando, de manera regulada, los mecanismos coercitivos y disuasorios para el control de la violencia; y que, por otro lado, faciliten la impostergable integración de todos los actores sociales, en forma globalizada, que propugnen un modelo de trabajo dirigido a contrarrestar, de manera efectiva, los riesgos que pueden materializarle y desestabilizar la cohesión social. Lo anterior, en palabras de Búvinic (2009), se traduce en la necesidad, hoy más que nunca, de una cultura de seguridad que descanse sobre la existencia de una verdadera cohesión, de igualdad, de diálogo, de una cultura y comunicación en democracias sanas; pues, simple y llanamente, las políticas de seguridad actuales no pueden pensarse de manera unilateral y, aún menos, apartadas de las políticas de la vida (educación, salud, vivienda y alimentación, entre otras). Una cultura de seguridad actual debe fundamentarse en la existencia del diseño de un modelo preventivo que desplace al ortodoxo planteamiento reactivo, así como fortalecer las actuales políticas públicas para que éstas enfoquen su atención en la implementación de modelos preventivos caracterizados por un enfoque interdisciplinar. Efectivamente, para lograr el desarrollo de una cultura de seguridad es necesario que todos los agentes sociales, no solamente los cuerpos uniformados, se involucren desde sus respectivas áreas de trabajo. La calidad de vida de nuestras sociedades se ve altamente influenciada por la existencia o no de seguridad, pues, sin ésta sería verdaderamente difícil disfrutar de los demás elementos de bienestar de los que nos provee nuestra sociedad (Majluf, 2009). No obstante, el abordaje de la seguridad, como se ha dicho en líneas anteriores, es un tema sumamente complejo y con múltiples matices. Al respecto, el Informe de Desarrollo Humano para América Central (en lo sucesivo IDHAC, 2009-2010) desvela aspectos sumamente interesantes. Así, por ejemplo, el documento señala que la (in)seguridad como tal no existe, sino que existen (in)seguridades, es decir, grados específicos de (in)seguridades de distintos individuos frente a distintos riesgos. Esto origina un problema de agregación, en la medida que es necesario identificar modalidades de (in)seguridad lo suficientemente comunes, típicas o relevantes como para justificar su análisis o su tratamiento a partir de políticas especiales. Otro aspecto marcadamente notable en nuestra sociedad es la existencia de distintos tipos de (in)seguridades objetivas o (in)seguridades subjetivas, es decir, todas las personas no perciben con la misma intensidad la existencia de estas (in)seguridades, que en muchas ocasiones estarán condicionadas por el lugar donde se vive, el sexo, la edad, el color de la piel o el nivel educativo (Arnold, 2001). Bien sea el caso de la (in)seguridad objetiva o de la (in)seguridad subjetiva, en algunas ocasiones los especialistas en la materia han decidido agregarle algún adjetivo que evidencie el tipo de amenaza al cual se hace referencia (seguridad industrial, seguridad ciudadana o seguridad social, por ejemplo), y en otros casos se agrega para distinguir la clase de unidad o sujeto expuesto a cada tipo de riesgo (seguridad personal, seguridad familiar o seguridad nacional, por mencionar algunas). En definitiva, el actual reto de la seguridad requiere de la aplicación de nuevos enfoques. Se necesita la incorporación de estructuras organizacionales que faciliten la creación de nuevas dinámicas que permitan la consecución de los objetivos institucionales. Es necesario que las organizaciones (por ejemplo, las policiales) garanticen la calidad del servicio brindado a los consumidores (la 5 población) a través del fortalecimiento de sus valores, su ética, su filosofía de trabajo, y procurando en todo momento lograr la mayor transparencia posible en cada una de sus actuaciones. Dicho de otra forma, las instituciones policiales deben ¿incorporar técnicas del mundo de la gestión y ciencias criminológicas para dirigir eficientemente su trabajo¿6, constituyendo la investigación científica y la profesionalización del recurso humano dos potentes herramientas al servicio de aquellas organizaciones de seguridad que pretenden optimizar su funcionamiento7. Finalmente, recapitulando, es posible afirmar que los planteamientos señalados en líneas superiores evidencian claramente la necesidad de reevaluar las políticas criminales diseñadas hasta el momento, así como buscar las alternativas dirigidas a potencializar las estrategias de seguridad de aquellas instituciones íntimamente ligadas a esta temática, principalmente la Policía Nacional. De este modo, la presente investigación pretende clarificar la percepción que tiene la población panameña sobre los niveles de inseguridad y el desempeño de la Policía Nacional de Panamá, información que, complementada con la evaluación de algunas de las políticas criminales desarrolladas hasta la fecha y el análisis de la estructura organizacional de la institución policial, posibilite la maquetación de alguna estructura orientada a mejorar, mediante la investigación empírica, el funcionamiento táctico-operativo de la Policía Nacional de Panamá.