Sanciones jurídico-penales para las personas jurídicaslas consecuencias accesorias del art. 129 del Código Penal español: estudio sobre su regulación legal

Resumen

Ante la creciente intervención de las personas jurídico-colectivas en actividades delictivas, se hace necesaria una respuesta penal. En el caso que nos ocupa, ésta viene dada por el legislador español a través del Artículo 129 del Código Penal, en donde se prevén una serie de consecuencias o sanciones para las personas o entidades jurídico-colectivas. Sin embargo, y dada la parquedad de la regulación legal en esta materia, ha sido menester cuestionar si dicha respuesta resulta satisfactoria. Esta cuestión central ha conducido a indagar sobre la naturaleza jurídica de las sanciones previstas en al artículo 129; así también, sobre cuál es el alcance y contenido, a la luz de su necesidad y fines, de todas y cada una de ellas; y, por último, sobre cuáles son o serían los presupuestos y garantías para su aplicación. En definitiva, se trata de las preguntas sobre el qué, el para qué y el cómo de esas sanciones. Precisamente, sobre estas cuestiones es que se centra buena parte del contenido del trabajo (Capítulos II, III y IV, respectivamente). Para esto, ha sido menester establecer las bases sobre las cuales podrían responderse más satisfactoriamente dichas cuestiones (Capítulo I). Todo ello, ha permitido poner de manifiesto las principales insuficiencias y deficiencias de la regulación legal en el caso de estudio (Capítulo V). Ante este estado de cosas, la conclusión principal es que la respuesta dada por el legislador no es satisfactoria. Para esto, se realiza una propuesta de lege ferenda con la pretensión de superar muchas de esas insuficiencias y deficiencias.