El tráfico de influenciasuna respuesta penal frente a la corrupción política y administrativa

Abstract

Según la óptica adoptada en este trabajo, la corrupción es un concepto que trasciende los límites del Derecho Penal y por ello, su análisis requiere de otras disciplinas, tales como la Ciencia Política y la Sociología. El capítulo I tiene por objetivo alcanzar un concepto genérico de corrupción, que sea aplicable a los actos del sector público o privado calificados como "corruptos", según el uso del término en los espacios creados por los medios de comunicación, la lucha política y en general, en lo que pueda entenderse por "discurso común". En el mismo capítulo (Parte II), se analizan fenómenos correspondientes a la corrupción pública, en especial "política", tales como la financiación ilegal de los partidos y el clientelismo. Por último (Parte III), se estudia el tratamiento de la corrupción por instancias e instrumentos internacionales. A juicio del autor, el elemento central del concepto de corrupción es la desviación de intereses, descartando el carácter esencial de otros elementos propuestos por la doctrina, como el intercambio económico. En este sentido, cabe señalar que existen conductas socialmente consideradas como corruptas, e incluso tipificadas como delitos contra la Administración Pública, que no comprenden ningún intercambio. En las que puede percibirse la desviación de intereses públicos hacia intereses particulares. Como p. ej.: la prevaricación, la malversación, las negociaciones prohibidas a los funcionarios, el ejercicio de influencias, etc. En el capítulo II se emplea la sociología de las organizaciones para analizar la posición de los funcionarios y empleados dentro de la Administración, dado que estos sujetos son considerados como el "eje" de las conductas corruptas del sector público, tal como surge del carácter de sujeto activo o de objeto de la acción que tiene el funcionario en los "Delitos contra la Administración Pública" (Título XIX CP).