Delitos económicos y sistema penalnueva estrategia en materia de recuperación de activos y decomiso

Resumen

En el Estado de Derecho, por mandato constitucional, la tutela que a los derechos e intereses jurídicos de los ciudadanos tienen que proporcionar los órganos judiciales no se debe limitar a juzgar sino también a ejecutar lo juzgado. Si ya es sumamente difícil desarrollar las investigaciones financieras de los delitos que generan grandes cantidades de beneficios económicos, y por ello probar las responsabilidades penales y civiles de sus implicados, la función jurisdiccional deviene en ineficaz, y por ende se le castiga mediática y socialmente, si dictadas sentencias de condena las mismas no se ejecutan, o si lo hacen las actuaciones no alcanzan a privar a los condenados de los bienes, instrumentos, productos y ganancias derivadas de los delitos. Para intentar luchar contra esta situación los Estados han diseñado una política criminal de recuperación de activos en la que a través de una institución como el decomiso el Estado va a actuar no solo contra las personas de los condenados sino también contra sus bienes, en la que es esencial la cooperación policial y judicial internacional