Discapacidad, dependencia, apoyo y servicios en poblaciones españolas, 2008-2009

Resumen

Introducción: La discapacidad es una realidad compleja y multidimensional. Los modelos teóricos para su estudio así como las clasificaciones y fuentes de información son diversas y dificultan las comparaciones. En España las principales fuentes de información provienen de las Encuestas Nacionales de Discapacidad y de estudios específicos como el que sustenta este trabajo (puerta a puerta). La encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia de 2008 (EDAD2008) fue realizada parcialmente con metodología de la Clasificación internacional del Funcionamiento y de la Discapacidad (CIF). Uno de los principales indicadores de discapacidad es la prevalencia, que varía según la fuente de información y la metodología utilizada. La situación de dependencia derivada de la discapacidad y el alto consumo de servicios sociosanitarios hace necesario el estudio de las relaciones entre discapacidad, dependencia y uso de servicios. Objetivos: Los objetivos específicos son: 1.Valorar el potencial de la encuesta EDAD2008 para cuantificar a partir de un indicador individual la prevalencia de discapacidad global y por dominios y describir patrones de gravedad en la población general con discapacidad. 2. Determinar y caracterizar la prevalencia de discapacidad en una población de edad media y avanzada, residente en un área rural-semirrural de España y 3- Describir las relaciones entre discapacidad y servicios asistenciales de larga duración (SALD) y evaluar la cobertura e impacto de la ley de dependencia en la utilización de servicios sociales en la misma población. Métodos: Para dar respuesta al objetivo uno y utilizando la información contenida en la EDAD2008 (en la que se visitaron 96.000 hogares y se entrevistó a 260.000 personas residentes en la comunidad y a 10.567 personas residentes en instituciones residenciales), se calculó un indicador individual de nivel de discapacidad según la lista de comprobación de la CIF (LCCIF) con el que se pudo diferenciar entre capacidad y desempeño y proporcionar valoraciones globales de discapacidad y por dominios específicos. A pesar de la falta de información en algunos dominios, se calcularon prevalencias brutas y ajustadas de discapacidad global y por dominios específicos según niveles de gravedad para submuestras definidas en la encuesta para el conjunto de la población española mayor de 6 años residente en la comunidad. Los datos para personas institucionalizadas fueron analizados aparte. Los objetivos dos y tres se completaron con el estudio puerta a puerta realizado en la comarca de las Cinco Villas en Zaragoza. Un estudio poblacional basado en un muestreo aleatorio sobre la población residente en la citada comarca mayor de 50 años se llevó a cabo en dos fases; una primera de cribado de discapacidad y de deterioro cognitivo y una segunda de medida de la discapacidad. El cribado de discapacidad se realizó mediante un instrumento de metodología CIF, el World Health Organization Disability Assessment Schedule (WHODAS-12) y el de cognición con el Examen Cognoscitivo Mini-Mental (MEC). Las personas positivas a cribado pasaban a la segunda fase, donde se estudiaba en detalle su discapacidad en visita puerta a puerta mediante el WHODAS-36, la LCCIF y una encuesta estructurada relativa a apoyo y servicios. Además, se recogió información de su estado de salud a partir de registros de atención primaria y del uso de SALD a partir del registro ad hoc del IMSERSO. Los instrumentos de medida de la discapacidad derivados de la CIF establecen 5 niveles en la medición de la discapacidad (sin problemas (0%-4%), leve (5%-24%), moderada (25%-49%), grave (50%-95%) y extrema/completa (95%-100%). Para ello se solicitó información al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) de las personas participantes en el estudio que hubieran solicitado la valoración de su estado de dependencia según los establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (ley de dependencia), con lo que se pudieron cuantificar determinadas relaciones entre discapacidad, dependencia y uso de servicios. Con los datos obtenidos se calcularon prevalencias de discapacidad brutas y ajustadas de forma global y por dominios específicos. Las relaciones entre la discapacidad, los estados de salud y los aspectos socio-demográficos se exploraron con modelos de regresión logística ordinal. Resultados: Encuesta de Discapacidad: Según la EDAD2008, la prevalencia de discapacidad para la población nacional total fue de 9,7% entre personas mayores de 6 años y 2,2% en el grupo de 0-5 años. En mayores de 6 años residentes en su domicilio, que suponen el 99,3% del total de la población mayor de 6 años, la prevalencia de discapacidad fue del 9%. La prevalencia de discapacidad grave o completa según la LCCIF se situó en el 1,2% para mayores de 6 años. De las personas con discapacidad grave o completa, una de cada cuatro estaba institucionalizada. La discapacidad aumentó con la edad en mujeres y en hombres y fue sistemáticamente mayor entre las mujeres (10,6% vs 7,3%). El número estimado de personas con discapacidad grave/completa se sitúa en torno a 380.838 personas para el conjunto de la población. En la población residente en comunidad las prevalencias más altas de discapacidad grave/completa según capacidad se dieron en mujeres en los dominios de “Movilidad” 1,9%, “Cuidado personal” 2,1% y “Actividades domésticas” 4,1%, mientras que las prevalencias para hombres fueron de 1%, 1,1% y 1,8% respectivamente. Estudio puerta a puerta: En el estudio de Cinco Villas se completó el cribado de discapacidad (positivo en 625, negativo en 591) en 1214 personas. La prevalencia de discapacidad según el WHODAS-36 fue del 49,8%, intervalo de confianza (IC) 95% (46,9%-52,5%). Por niveles de discapacidad, las prevalencias brutas fueron: leve 26,8%, moderada 16,0%, grave 7,6% y completa 0,1%. En todos los niveles de gravedad, las prevalencias fueron más altas en mujeres. Por dominios, las prevalencias de discapacidad fueron más altas en mujeres que en hombres (“Movilidad” 45,2% vs 29,4 %, “Actividades de la vida diaria (AVD)” 40,0% vs 16,1% y “Participación en sociedad”, 43,7% vs 25,6%). Las prevalencias de discapacidad grave/completa fueron más altas en mujeres en los dominios de “Movilidad”, “AVD” y “Cuidados personales”, especialmente en mayores de 80 años. Los modelos de regresión logística ordinal revelaron una fuerte asociación entre la puntuación global del WHODAS-36 con el confinamiento en domicilio odds ratio OR 22,0 [IC 95%, 12,3-39,4] y número de horas de cuidados semanales superiores a 70 horas, OR 17,6 [IC 95%, 8,25-37,5]. En lo referente a condiciones de salud, la demencia se relaciona fuertemente con la puntuación global de discapacidad OR 13,8 [IC 95%, 6,89-27,5]. Por dominios, la discapacidad en “Movilidad” aumentó en mayores de 80 años OR 2,64 [IC 95%, 1,67-4,17] y en el confinamiento en el domicilio OR 48,4 [IC 95%, 20,4-114,7]. La prevalencia de discapacidad para “Cuidados personales aumentó también en los mayores de 80 años y en situación de confinamiento. Uso de servicios: El análisis conjunto del estudio de Cinco Villas y el SAAD identificó que el 36,6 % de las personas con discapacidad grave/completa (n=93) tenían reconocido un grado III de dependencia, cifra que se redujo hasta el 3,07% en las personas con discapacidad moderada (n=195). La prevalencia de usuarios de SALD se situó en un 13,4%: 4,1% de servicios residenciales y 9,3% de cuidados en la comunidad, que incluye centros de día y ayudas/cuidados en el domicilio. El 7,4% recibían prestaciones económicas públicas (5% para cuidados comunitarios y 2,4% para cuidados residenciales). La prevalencia del uso de servicios asistenciales privados se situó en el 6% (1,7% de cuidados comunitarios y 4,3% de cuidados residenciales). La ley de dependencia cubría el 28% de los servicios públicos de cuidados en la comunidad y el 55% de los servicios públicos de cuidados residenciales. La ayuda doméstica con financiación pública se asoció a la residencia en núcleos de población mayor de 500 habitantes y al hecho de vivir solo OR 4,07 [IC 95%, 2,34-7,08] y OR 6,97 [IC 95%, 2,92-16,66], respectivamente. En 74 personas residentes en la comunidad con discapacidad grave/completa se identificó que un 58% no eran usuarios de ningún servicio ni ayuda; en este grupo era más frecuente la presencia de demencia e ictus, no encontrándose diferencias en la frecuencia de depresión, en el tamaño del municipio de residencia o en el nivel educativo. Conclusiones: La EDAD2008 es una herramienta útil para describir la prevalencia de discapacidad y, potencialmente, para estimar la dependencia. La prevalencia de la discapacidad en las poblaciones estudiadas aumentaba con la edad, era mayor en mujeres y especialmente en mujeres ancianas. El conjunto de las personas con discapacidad total grave/completa y moderada genera prevalencias de discapacidad grave elevadas en los dominios de “Movilidad”, “Actividades domésticas” y “Cuidados personales”. Las altas prevalencias de discapacidad según capacidad en los dominios de “Movilidad”, “Cuidados personales” y “Actividades domésticas” disminuyen cuando se miden según desempeño. La alta prevalencia de discapacidad en los dominios de “Movilidad” “AVD” y “Participación social” se relaciona con la presencia de dolor, demencia y enfermedad cerebrovascular. La aplicación de la ley de dependencia ha tenido un impacto moderado pero significativo en la prestación de cuidados profesionales en domicilio y en los cuidados residenciales. Se observan dos perfiles de uso de SALD: a) servicios de financiación privada de carácter comunitario concentrados fundamentalmente entre los grupos con discapacidad leve y moderada y b) servicios de financiación pública de carácter residencial en los grupos con discapacidad grave/completa. En estudios puerta a puerta se identifica un amplio grupo de población residente en la comunidad con discapacidad grave o completa que no recibe ningún tipo de servicio o ayuda. Una utilización eficiente y equitativa de recursos podría hacer necesaria la activación de sistemas de vigilancia de la discapacidad grave no atendida desde la atención primaria de salud.