Valoración del cumplimiento de los fines del estado social por las políticas públicas desarrolladas en España entre los años 1989 y 2000

Resumen

Valoración del cumplimiento de los fines del Estado social por las políticas públicas desarrolladas en España entre los años 1989 y 2000 Cuando en 1978 se aprobó la Constitución uno de sus aspectos más novedosos fue la configuración de un Estado social, al que dotaba de un contenido, también constitucional, plasmado en una multitud de preceptos a lo largo de su articulado. La constitucionalización del Estado social, si bien era uno de los grandes avances en los que se sustentaba nuestro ordenamiento constitucional, ni era una completa novedad en nuestro país, ni tampoco lo era en los países de nuestro entorno. No obstante, sí representaba nuestro Texto un distinto tratamiento al configurar no sólo una cláusula tan abierta como flexible que permitiera adaptarse a la modernización del Estado -artículo primero de la Constitución-, sino que concretaba en su propio articulado un conjunto de disposiciones, que no sólo abarcaba un amplio catálogo de derechos sociales, sino que completaba su contenido con un conjunto de disposiciones destinadas a servir de soporte económico-financiero, desde un punto de vista constitucional, a los grandes recursos materiales y personales que requiere la plena consecución del Estado social. A pesar de esta aparente previsión constitucional, conseguir un pleno Estado social requiere un compromiso conjunto que no sólo abarca el plano económico o el jurídico -entendiendo en este también el constitucional-, sino que es imprescindible la absoluta implicación política y social. Esta difícil conjunción de elementos hace complicado conseguir la plasmación del Estado social. Las circunstancias en las que se encontraba nuestro país en 1978 eran propicias para la consolidación del mismo, aunque se hacía necesario primero acometer una serie de reformas para poder cimentar adecuadamente el entramado en que había de sustentarse el Estado social. Para ello era imprescindible conseguir primero la plenitud de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos y la completa participación de éstos en el entramado jurídico estatal por cuanto era precisa la interacción de ésta con los poderes públicos en la búsqueda conjunta del bienestar, no sólo material, sino también personal. Tras la caída del régimen del General Franco, los primeros gobiernos de la democracia llevaron a cabo unas tímidas aproximaciones en aras a la construcción del pretendido Estado social, en parte sobre los regímenes asistenciales que hundían sus raíces en el régimen anterior. A pesar de estas aproximaciones la ciudadanía comienza a demandar más implicaciones de los poderes políticos, económicos y sociales en la estructuración de un sistema prestacional, asistencial y benefactor que actuando en pro de las necesidades y demandas ciudadanas revirtiese en el beneficio conjunto. La llegada del primer gobierno socialista a la jefatura del gobierno tras las elecciones de octubre de 1982, trajo consigo la vertebración de un gran número de medidas sociales y asistenciales, buscando el cambio y modernización que habían defendido en su campaña electoral. Prometían un nivel europeo en servicios públicos y en nivel de renta que conectaba fácilmente con las aspiraciones del conjunto de la sociedad española. Se fraguaba entonces ya una incipiente y auténtica política social, que establecía unas bases sólidas para el desarrollo del Estado social en España. No obstante, no servían estas plenamente a los deseos de la ciudadanía española. Así, la menesterosa situación laboral, cierres de empresas, escaso crecimiento económico... alimentaban un sentimiento de desencanto en la población, y particularmente en la más afectada por la reconversión económica que parecía llevarse a cabo y a ninguno satisfacía. En esta situación, son las huelgas llevadas a cabo en España a finales de los años ochenta -en particular la huelga general llevada a cabo el 14 de diciembre de 1988-, las que hacen tomar plena conciencia al gobierno socialista del destino social que debía tomar nuestro país si pretendía la reactivación económica y la inserción plena en el mercado común con plena capacidad competitiva. Es en este momento -finales de los años ochenta-, y sin perder de vista las distintas políticas llevadas a cabo en los años anteriores desde la caída del régimen, particularmente, y por las peculiaridades características de conflictividad social de nuestro país donde fijamos el inicio de nuestro estudio. El objeto es, tomando como punto de partida lo que significa el Estado social y a qué ha de tender, analizar las políticas sociales llevadas a cabo en nuestro país y en qué medida realizaron el contenido del Estado social. Para ello centramos nuestro estudio en el periodo final gobierno del partido socialista (de los años 1986 a 1996) y el primero del partido popular (de los años 1996 a 2000). La razón de ellos es, por un lado, las circunstancias que dan pie a la activación de las políticas sociales por parte del gobierno y la forma en que estas se formulan, pero por otro, consideramos interesante ver el factor de cambio, si existe, no sólo entre dos partidos en el gobierno con ideologías aparentemente contrapuestas, sino en qué medida las circunstancias sociales e incluso la coyuntura europea e internacional han podido afectar a la modificación o incluso reformulación de políticas sociales de épocas anteriores. En nuestro estudio es preciso tener muy presente que el Estado social no se agota en una función asistencial, sino que es preciso completar esta función con una total búsqueda del bienestar general, lo que incluye una faceta prestadora, otra asistencial y otra distribuidora del Estado. Por ello cobran importancia las distintas políticas públicas que se han llevado a cabo durante estos años en que hemos centrado nuestro estudio, y que de una forma más o menos directa colaboran en la plasmación del Estado social. Igualmente es interesante considerar en qué medida dos periodos de gobierno con ideologías aparentemente dispares llevaron a cabo con mayor o menor fortuna el contenido del Estado social, ya que éste no es propio de una determinada ideología, o al menos no exclusivamente. Si lo entendemos en su amplitud caben en su contenido distintas formulaciones, todas ellas enriquecedoras y redundantes en el beneficio colectivo, que en último término ha de ser el fin del Estado social. Es por ello, que se pretende llevar a cabo un análisis riguroso de cómo se fue dando forma al mandato constitucional del artículo primero durante el mencionado periodo de nuestra historia, teniendo siempre presente la dificultad de la misma y el especial cuidado que hay que poner en el estudio de estas materias, por cuanto la complejidad existente en la delimitación de los contornos del Estado social no disminuye al hacer efectivo su contenido. Este trabajo ha sido estructurado en seis capítulos. Los dos primeros llevan a cabo un análisis histórico de cómo los Estados comenzaron a intervenir en el ámbito asistencial desde una perspectiva comparada, excluyendo de este análisis a España. En el primero de estos dos capítulos el análisis abarca desde el último tercio del siglo XIX hasta el comienzo de la segunda guerra mundial. El segundo, de la segunda guerra mundial hasta los años ochenta. Los capítulos tercero a sexto van referidos a España. En el tercero se analiza la intervención en materia asistencial desde el último tercio del siglo XIX hasta la Constitución Española de 1978. El cuarto capítulo se centra en la Constitución Española de 1978, analizando los diversos preceptos que hacen referencia al objeto de nuestro estudio, comenzando éste por los debates constituyentes. Los capítulos quinto y sexto estudian pormenorizadamente, desde el punto de vista de la legislación adoptada, en qué medida se desarrolló el mandato constitucional del Estado social entre los años 1989 y 2000. Siendo el quinto el correspondiente a los años 1989 a 1996, coincidiendo con el final del gobierno de Felipe González; y el sexto, de 1996 a 2000, periodo del primer gobierno de José María Aznar.