Entre las transferencias económicas y la privatizaciónTendencias de las políticas de inclusión educativa en Argentina y Uruguay

Resumen

El presente trabajo parte de las directrices políticas establecidas por la Unesco en el Objetivo 4 del Desarrollo Sostenible encaminado a conseguir una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como a promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida y para todos. Si bien las estrategias a las que se hace referencia en el documento y que hemos querido centrar en las políticas y los actores, aparecen en el texto dirigidas a un mayor número de colectivos que en el Objetivo 2 del Desarrollo del Milenio, un estudio en profundidad de la nueva agenda educativa nos permite comprobar que, a pesar de ser más amplios los grupos de interés y las metas con las que se trabaja, las medidas que se contemplan tienen una orientación mayoritariamente asistencial y compensatoria que resultan difícil de entender en este marco. En este sentido, el énfasis que se proporciona a los programas de segunda oportunidad y a la reinserción, además de la prestación de servicios básicos como los de salud y alimentación, siendo necesarios, indican una descompensación en la gestión de la inclusión, al omitir aspectos que deberían estar más relacionados con la dimensión preventiva y con el trabajo que deben realizar las instituciones educativas en la consecución de logros de aprendizaje del colectivo que no ha abandonado el sistema educativo. Tomando como punto de partida los programas de transferencias de efectivo, en tanto que medida política y también centrados en el sector privado (como actor), examinamos las tendencias que están desarrollando Argentina y Uruguay en materia de políticas de inclusión. La elección de los países está motivada por ser dos de los tres estados, junto con Chile, del cono sur de América Latina que diseñaron medidas específicas de inclusión a finales de los 90 y que con algunas particularidades comenzaron a implementarse en la segunda mitad de la década del 2000. Por tanto, analizamos la línea de apoyo al sector privado que Uruguay ha adoptado desde hace unos años para favorecer la inclusión en la educación secundaria y que es compartida por Argentina en la privatización de las medidas inclusivas.