La participación ciudadana en la gestión y la fiscalización de la Hacienda Pública en Costa Rica. Alcance del artículo 9 de la Constitución Política

Resumen

El derecho de la participación ciudadana poco a poco va siendo ejercido por los ciudadanos, quienes han ido despertando de ese letargo ciudadano y se han ido ocupando más de las cosas públicas. En esta investigación el lector podrá tener conocimiento de cómo evoluciona la concepción de administrado, el cual era objeto de una sujeción ante el Estado, a pasar a ser el centro de la Administración Pública, y es tomado en cuenta y escuchado para la toma de decisiones. La participación ciudadana es el medio por el cual los ciudadanos pueden ser parte de dichas decisiones, para ello se hace un análisis de lo que hemos denominado el estatuto de la participación del ciudadano, tanto a nivel internacional como en Costa Rica, desde sus orígenes, concepciones, su naturaleza jurídica, los tipos de participación ciudadana y algunos de sus mecanismos. En el caso de Costa Rica, se parte de la evolución de la participación ciudadana con la reforma del artículo 9 de la Constitución Política y es a partir de dicha reforma que se realiza un análisis de cómo las instituciones públicas, y en especial la Contraloría General de la República, han establecido mecanismos de participación para dar cumplimiento con el mandato constitucional y con ello propiciar el control ciudadano en la Hacienda Pública. En lo que respecta a la Contraloría General, se determina la génesis de la participación ciudadana en la institución y los mecanismos dispuestos para que las personas puedan ejercer el control ciudadano. Posteriormente, tomando como referencia la Declaración de Punta Cana y los mecanismos de participación ciudadana, se analiza el nivel de madurez en que se encuentra el órgano contralor. A partir de dicho análisis se realizan las conclusiones de cómo las instituciones públicas costarricense han dado cumplimiento al artículo 9 de la Constitución Política y en especial el cumplimiento de la Contraloría General de la República al mandato constitucional.