La lucha del Estado en la recuperación de activos a través del decomiso.Especial referencia a la actuación del Ministerio Fiscal

Resumen

El decomiso de los bienes, efectos, medios, instrumentos y ganancias relacionados con el delito se erige, hoy en día, como una poderosa herramienta en manos del Estado para la lucha contra la criminalidad organizada. Para la efectividad del mismo, el legislador ha diseñado un importante cuerpo normativo que prevé y disciplina las diferentes situaciones en las que se pueden encontrar, tanto los bienes de origen delictivo, como los sujetos que ostentan derechos sobre ellos. Con esa finalidad, se han establecido soluciones encaminadas, de una parte, a mitigar la motivación económica que mueve buena parte de las modalidades más graves de delito hoy en día existentes y, de otra, a garantizar el respeto a las garantías y derechos fundamentales de los sujetos afectados por el decomiso. En el centro de toda esta regulación, como uno de los protagonistas esenciales para el adecuado desenvolvimiento de todas las previsiones legales, el legislador ha querido situar al Ministerio Fiscal; no en vano, su destacada participación en el proceso penal, ostentando la titularidad de la acción penal pública, le situaba ya en un lugar privilegiado de salida para asumir este importante cometido, distinto de esa acción penal, pero íntimamente relacionado con ella. Ese es el objeto de análisis de este trabajo de investigación: el papel del Ministerio Fiscal en la recuperación de los activos de procedencia delictiva en que consiste el decomiso y ello, como forma de lucha del Estado contra la criminalidad organizada. La actuación del Ministerio Fiscal en el proceso penal, sin embargo, como la de cualquier otra parte, no busca otra meta que la aplicación del derecho sustantivo, verdadero responsable del resultado último que a través de la ley penal se persigue: la consecuencia jurídica frente a la infracción de la norma. El proceso penal, por ello, no es más que el cauce legal a través del cual se actúa la norma penal. Por eso, el conocimiento de la norma sustantiva viene a constituir, siempre, el presupuesto necesario para el adecuado desenvolvimiento de la norma procesal. Ello nos obliga al análisis de la compleja regulación sustantiva de la institución del decomiso recogida en el CP como paso previo a profundizar en la actuación del Ministerio Fiscal en el proceso. Pero es que, además, si ese previo conocimiento de la norma sustantiva se erige como fundamental para el análisis de su aplicación en el proceso, más en una materia como esta, que no ha dejado de evolucionar en los últimos veinte años como consecuencia de las continuas reformas legales que ha venido experimentando. A ello se une, como se verá, que las fronteras entre la función ritual o sustantiva de algunos de los preceptos que disciplinan esta materia aparece francamente difuminada en nuestras normas, lo que hace que, nuestro objetivo último, el análisis de la actuación del Ministerio Fiscal en el proceso, resulte en muchos casos condicionado por la regulación sustantiva de la institución. Partiendo del planteamiento expuesto, hemos dividido este trabajo en dos partes claramente diferenciadas; la primera, centrada en el estudio de los aspectos sustantivos del decomiso, la segunda, dedicada el análisis pormenorizado de la actuación del Ministerio Fiscal en el proceso. Como se ha adelantado, no podrían comprenderse muchas de las reflexiones que se hacen en esta segunda parte sin haber pasado previamente por el análisis que de la institución del decomiso se hace en la primera. Precediendo ambas, un preámbulo en el que se expone el contexto temporal que ha llevado a la regulación actual de la institución, sin cuya perspectiva, resultaría difícil entender el qué y el porqué de lo que las últimas reformas legales han querido introducir en nuestro ordenamiento jurídico. La primera parte del trabajo se estructura en dos capítulos en los que se analiza, en primer lugar, el concepto de decomiso y su naturaleza jurídica; la posición que se adopte en torno a esta última va a condicionar la solución que se proponga ante cada concreta coyuntura que vengan a plantear las normas reguladoras de la institución. El capítulo segundo profundiza en las diferentes modalidades de decomiso, buscando establecer el alcance de cada una de ellas a través del estudio analítico de sus requisitos y condicionamientos legales. Finaliza esta primera parte con el planteamiento de una serie de conclusiones en torno a uno de los problemas que más debate ha suscitado en relación con la actual regulación del decomiso: la distinción entre algunas de sus modalidades y el delito de blanqueo de capitales. La segunda parte del trabajo aborda ya el análisis de la concreta actuación del Ministerio Fiscal en el proceso en relación con la aplicación de las previsiones legales que disciplinan el decomiso. Para ello, se ha seguido como hilo conductor la estructura propia del proceso penal tal como está configurado en en nuestro ordenamiento jurídico. Así, se profundiza en las actuaciones que es preciso practicar durante la fase de instrucción con el fin de preparar el ejercicio de la acción de decomiso durante el acto del juicio oral, se plantean las posibilidades que la institución del decomiso abre durante el desarrollo de la llamada fase intermedia, con especial atención al contenido de los escritos de acusación, y, finalmente, se desarrolla el estudio de cómo el decomiso de los bienes condiciona la actuación del Ministerio Fiscal durante el acto del juicio oral, abordando, particularmente, el análisis del alcance de las presunciones normativas como medio de prueba indirecta encaminada a acreditar la procedencia del decomiso. Como una parte de este hilo conductor que discurre a lo largo de las fases del procedimiento se ha querido hacer una especial referencia a las diligencias de investigación del Ministerio Fiscal, tanto en su vertiente de actuación preprocesal que puede preparar el embargo judicial de bienes susceptibles de decomiso por el Juez Instructor gracias a su localización previa por el Fiscal, como en su modalidad de expediente de cooperación judicial internacional y, finalmente, como soporte de la investigación previa a la presentación de una demanda de decomiso autónomo por el Ministerio Fiscal. Además, como no podía ser de otro modo, siendo el Ministerio Fiscal el principal protagonista de los cambios que auguran las profundas reformas en nuestro procedimiento penal que se vienen anunciando ya desde hace más de una década, nos aventuramos a prever qué podría ser y cómo debía ser el decomiso en un procedimiento penal en el que la investigación del delito se dejara en manos del Ministerio Fiscal. Incluimos, también, dentro de esta segunda parte, el tratamiento de las dos novedades procesales más importantes que fueron incorporadas a nuestra LECrim como consecuencia de las trascendentales reformas que, en materia de decomiso, abordó el legislador español en el año 2015: la intervención en el proceso de los terceros que puedan resultar afectados por el decomiso y el procedimiento de decomiso autónomo. En ambos casos, se trata de cauces procedimentales esenciales introducidos en la regulación para posibilitar la aplicación de ciertas modalidades de decomiso y en los que destaca especialmente la intervención del Ministerio Fiscal, sobre todo, en el último de los mencionados. Para finalizar, queremos destacar que, además del estudio doctrinal y jurisprudencial propio de toda investigación jurídica, se ha plasmado en este trabajo la perspectiva que aporta la experiencia práctica acumulada, no solo por el doctorando, Fiscal de carrera, sino, también, por muchos otros fiscales cuyas valoraciones y análisis se han incorporado a este estudio como aportaciones de interés que permiten una visión teórico-práctica de la materia objeto de estudio. Además, no se ha dejado de considerar, de manera especialmente destacada, la doctrina sentada por la Fiscalía General del Estado a través de las circulares, instrucciones y consultas que, de manera cíclica, se han venido publicando con cada reforma normativa relativa a la regulación del decomiso. En definitiva, se ha querido investigar sobre la actuación del Ministerio Fiscal en materia de decomiso, recogiendo especialmente la visión práctica que se aporta desde la propia fiscalía.