El acceso a la justicia de las personas con discapacidad en la República del Ecuador

Resumen

En esta investigación, se analizan los problemas y la necesidad de que a las personas con discapacidad, se garantice el ejercicio de sus derechos, sin que se interpongan barreras de tipo alguno y puedan actuar con independencia, por ello hacemos notar que las personas con discapacidad tienen derecho en todas sus partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica y consecuentemente de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida; analizamos la necesidad de que se adopten medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de esa capacidad jurídica; que se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos, y que estas salvaguardias aseguren que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten sus derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial; y, se tomen todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones, por ejemplo, a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria. Concordante con lo que hemos referido, respecto del acceso a la justicia, debe reconocerse y asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, en todos los procedimientos judiciales.