Arbitrato, ABF e consumatore

Resumen

Desde el punto de vista de las economías nacionales, uno de los indicadores de eficiencia más importantes del sistema judicial es, sin duda, la cuestión del acceso a la justicia: un sistema judicial eficiente puede tener un impacto sustancial en la inversión. Sin embargo, muchas veces el sistema judicial se convierte en una verdadera limitación para el comercio entre distintos países: los costes, la duración y las incertidumbres sobre el resultado de los procedimientos judiciales representan un freno para los empresarios, los inversores y los consumidores. Es necesario entonces recurrir a sistemas alternativos de resolución de conflictos. Uno de los objetivos, como se demostrará, de los sistemas de resolución judicial de litigios es lograr la igualdad sustantiva entre las dos partes en litigio, al tiempo que se intenta reducir al mínimo la acumulación de trabajo en los tribunales civiles nacionales. El estudio y la profundización de estos sistemas permitirán comprender si su implantación en los próximos años y su desarrollo podrán hacer frente a los numerosos problemas que aquejan al sistema judicial. Antes de analizar el fenómeno de las ADR, será necesario partir brevemente de la observación de la casi omnipresencia de los métodos privados de resolución de conflictos en la historia del derecho. Además, se destacará cómo la legislación de la UE ha prestado cada vez más atención a la protección del consumidor/asegurado, la parte más débil de la relación contractual. En aplicación de estos principios, las intervenciones normativas establecidas a nivel europeo y especialmente en el ámbito bancario-financiero (Directiva de Servicios de Pago, Directiva MiFID, etc.) han logrado un considerable aumento de la protección del cliente, también a través de la difusión de los sistemas de resolución extrajudicial de conflictos. De hecho, garantizar un alto nivel de protección de los consumidores se considera un objetivo primordial que hay que perseguir, hasta el punto de que está incluido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.